Ante la imposibilidad de asegurar los votos en el Congreso para aprobar una reforma constitucional que habilite un «estado intermedio», de «protección y resguardo» -como planteó Gabriel Boric a inicios de mes-, el Gobierno resolvió decretar el ya existente estado de excepción de emergencia para hacer frente a la ola de atentados en la Macrozona Sur. La decisión fue confirmada en una reunión de comité político ampliado en La Moneda.
El anuncio fue oficializado desde la misma sede de Gobierno por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien señaló que «es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas; hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro», explicó Siches.
Además la ministra apuntó que «estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad. Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia en la Región del Biobío y La Araucanía», añadió Siches.